Una posible solución a la problemática
Según el Grupo Banco Mundial, la implementación de
infraestructura moderna, sostenible y confiable es indispensable para
satisfacer las necesidades cada vez más urgentes de las miles de personas alrededor
del mundo. Además, la inversión en infraestructura ayuda a mantener las tasas de
crecimiento económico, ofrecen nuevas oportunidades económicas y facilitan la
inversión en capital humano.
“Es necesario un incremento considerable en este tipo de inversiones en las economías de mercados emergentes y las economías en desarrollo para reducir la pobreza y promover la prosperidad compartida de manera sostenible, lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible y combatir el cambio climático.” (World Bank, 2021).
Las alianzas público-privadas (APP) pueden ser un
instrumento que satisfaga estas necesidades de servicios de infraestructura.
Cuando las APP se diseñan correctamente y se implementan en entornos
regulatorios equilibrados pueden aportar mayor eficacia y sostenibilidad a la
prestación de servicios públicos como agua, saneamiento, energía, transporte,
telecomunicaciones, atención de salud y educación.
Entonces, ¿qué son las Alianzas Público-Privadas?
Las APP son modalidades de participación de la inversión
privada en las que se incorpora experiencia, conocimientos, equipos,
tecnología, y se comparten y distribuyen riesgos y recursos con el sector
público, con el objeto de crear, desarrollar, mejorar, operar o mantener
infraestructura o proveer servicios públicos, en el ámbito nacional o local. es
decir, una relación entre el sector privado y público, partiendo de la obligación
gubernamental de satisfacer metas sociales a través de las inversiones.
Por su parte, Las Alianzas Público-Privadas para el
Desarrollo (APPD) son un instrumento para integrar la iniciativa privada a los
esfuerzos del sector público, las asociaciones de la sociedad civil, la
academia, organismos internacionales y otros actores para lograr objetivos de
desarrollo nacional, compartiendo recursos, conocimientos y, sobre todo, el
compromiso de contribuir al bienestar de la sociedad.
¿Cómo funcionan?
No hay consenso sobre cómo definir una APP. El término
cubre múltiples tipos de acuerdos, que prácticamente siempre se plasman en
contratos a largo plazo, que las dos partes firman tras haberlos negociado, y
donde se especifican los riesgos que asume cada parte, las condiciones en que
se prestará el servicio, la financiación y los requerimientos de transparencia.
Ventajas e inconvenientes de recurrir a una APP frente al
modelo tradicional de gestión totalmente pública
- No aumentan la deuda pública, lo que permite a autoridades con restricciones de endeudamiento prestar nuevos servicios o mejorar los existentes.
- Puede conseguirse una reducción de los plazos de construcción.
- Pueden reducirse los costes del servicio.
- Pueden ser una vía para introducir eficiencia e innovación en servicios públicos obsoletos o ineficientes.
- Pueden ayudar a desarrollar la capacidad de las empresas privadas nacionales, diversificando así la economía.
- Puede producirse una pérdida de transparencia.
- Pueden incrementarse los costes del servicio.
- Pueden favorecer la corrupción.
- Pueden suscitar oposición pública y protestas.
- Puede darse prioridad a proyectos de los que se espera una rentabilidad, frente a otros que pueden propiciar un mayor desarrollo.
- Pueden reducir la competencia, porque es más complejo elaborar ofertas de APP y solo las grandes empresas tienen capacidad para ello.
La aparente contradicción entre estas listas de ventajas e
inconvenientes (se recoge como ventaja que la APP puede reducir el coste, y
como inconveniente, que puede incrementarlo), se explica porque se han dado
ambos casos. La APP puede ser positiva si el contrato es justo y equilibrado,
si todos los implicados son honrados y capaces, y si se cumplen las previsiones
de construcción y número de usuarios. En cambio, si el contrato es
desequilibrado, si hay corrupción o si el número real de usuarios del servicio
es inferior a las previsiones, la APP puede ser negativa.
¿Quién regula las APP en Guatemala?
La Agencia Nacional de Alianzas para el Desarrollo de
Infraestructura Económica -ANADIE- es una entidad descentralizada, que asesora
a otras instituciones públicas en la planificación, estructuración y
contratación de proyectos de infraestructura pública con altos estándares de
calidad, bajo el modelo de alianzas para el desarrollo de infraestructura
económica, conocido como Alianzas Público-Privadas –APP–. Dicho modelo se enfoca en la prestación de
servicios a favor de los usuarios con estrictos indicadores de desempeño. Más información: https://anadie.gob.gt/
En el año 2010 se emitió la “Ley de Alianzas para el
Desarrollo de Infraestructura Económica” con el propósito de impulsar el
desarrollo económico a través de proyectos de inversión en carreteras,
generación y distribución de energía eléctrica, puertos, aeropuertos y otras
obras que son necesarias para el país pero que superan la capacidad financiera
del Estado, por lo que la modalidad conocida internacionalmente como alianzas
público privadas (APP), resulta un mecanismo en donde el riesgo se comparte y
el Estado mantiene cierta liquidez.
Los contratos de alianzas para el desarrollo de
infraestructura económica son su ámbito de aplicación, destinados a la
creación, construcción, desarrollo, utilización, aprovechamiento,
mantenimiento, modernización y ampliación de infraestructura, autopistas,
carreteras, puertos, aeropuertos, proyectos de generación, conducción y
comercialización eléctrica y ferroviaria, incluyendo la provisión de los
equipamientos necesarios para el cumplimiento de la Ley y su reglamento.
Asimismo, la prestación de servicios asociados y otros complementarios a estos.
En el año 2011 se crea el Reglamento de la Ley de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica, Acuerdo Gubernativo 360-2011, y a inicios del 2013 inicia operaciones la Agencia. Desde que la ANADIE inició operaciones formales en el año 2013, se han gestionado diferentes iniciativas de proyectos y las solicitudes fueron planteadas como ideas o estudios presentados por diferentes instancias o actores gubernamentales que la ley denomina como Institución Contratante del Estado en adelante ICE.
Casos en Guatemala
Un caso de éxito: energía eléctrica
Alianza público-privada extiende la red de energía eléctrica en Guatemala
La introducción de energía a estas comunidades de San Pedro
Carchá, Alta Verapaz, se logró gracias a una alianza público-privada entre
Energuate, Municipalidad de San Pedro Carchá y el Complejo Hidroeléctrico
Renace de Corporación Multi-Inversiones.
“Este avance es el resultado de la comunicación y
participación continua que se sostiene entre comunidades del área rural, el
gobierno local y empresas privadas, poniendo en práctica el Objetivo de
Desarrollo Sostenible No. 17 sobre las alianzas para Alcanzar los Objetivos”,
se detalló en un comunicado. Más información: www.revistaconstruir.com
Un caso que no avanza: Autopista Escuintla-Puerto Quetzal
Congreso sepulta el proyecto de la autopista Escuintla-Puerto Quetzal
Treinta y dos diputados votaron a favor, 50 en contra y 76
estuvieron ausentes, y así, el Congreso sepultó el proyecto de Alianzas para el
Desarrollo de Infraestructura Económica (ANADIE), para la rehabilitación,
administración, operación, mantenimiento y obras complementarias de la
autopista Escuintla-Puerto Quetzal con cobro de peaje. Más información: www.prensalibre.com
CC revive proyecto de alianza público-privada de la autopista Escuintla-Puerto Quetzal
Tribunal ampara otorga amparo en definitiva contra el
Congreso y le ordena conocer de nuevo el proyecto en tercer debate. El Congreso
deberá conocer de nuevo en tercer debate el proyecto de rehabilitación mediante
alianza público-privada de la autopista Escuintla-Puerto Quetzal que en octubre
de 2019 votó en contra.
Diputados colocan, en tercer punto, aprobación de autopista Escuintla-Puerto Quetzal
En instancia de jefes de Bloque, que se desarrolló la tarde
de este lunes, fue aprobada la orden del día para las plenarias del martes,
miércoles y jueves, en la penúltima semana en que se realizarán sesiones
ordinarias y aunque destaca el tercer debate del proyecto que dispone aprobar
la construcción de autopista Escuintla-Puerto Quetzal con cobro de peaje, pero
primero deben agotar dos procesos que no han reportado avances en el
Legislativo.
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